Aborto

Pocos escritos he encontrado relacionados con el asunto de la nueva ley del aborto de la precisión y seriedad del planteado por Cristianos Socialistas del PSOE, presentado o elaborado por una Catedrática de Historia, (Pilar de la Vega), por un Biólogo, (Jordi López Camps) y por una médica y magíster en Bioética) María José Pereda.
Por una parte, desde una perspectiva sociológica, consideran que “no se puede descalificar una regulación legal del aborto por considerarlo directamente un asesinato”, pues desentenderse de esa regulación supone desentenderse también de las gravísimas consecuencias de una prohibición absoluta.
Nadie niega que la posición del legislador ante una decisión ciudadana de este calado es realmente compleja y conflictiva.
Por otra parte el hecho de que la decisión se considere algo que concierne sólo a la mujer, es una apreciación demasiado alejada de la realidad y que no exime de realizar un juicio ético, social, jurídico y legal sobre este hecho de características tan peculiares.
Mirar su complejidad y hacer un juicio más bien sosegado y restrictivo no debe convertir a nadie en un personaje conservador y cerrado, pues el fenómeno del aborto no es para tratarlo con frivolidad ni ligereza.
Es un hecho que el embrión primero y el feto después son un proyecto humano en ciernes y en permanente crecimiento hacia el logro de un ser humano nacido. Entre tanto sólo es un “nasciturus”. Eso es así.
Si alguien entrara en un sembrado de trigo en el que sólo una breve hierba cubre con una alfombra la superficie sembrada, y, de cualquier manera, destrozara el sembrado, se puede decir que ha frustrado así una cosecha de trigo. Y no valdrá el argumento de que no se veían las espigas.
“Podemos convenir –dice el escrito aludido- en que la dignidad inherente del feto no sea la misma que la de la persona nacida”, pero de cualquier modo el cuidado del feto como vida humana que avanza en su proceso de maduración requiere la protección no sólo de las personas, sino de las leyes y del propio Estado. Y “por cuanto (el feto) se trata de un ser humano en formación, no puede haber un derecho al aborto”.
Podría decirse que sólo queda el recurso a la aceptación de que el aborto es una cuestión de conciencia. Sea. Eso obliga a una serie nada fácil de decisiones y posiciones del Estado y el Gobierno. Dice el texto: “la función legisladora y la gestión política deben estar inspiradas por la ética y el bien común. Sin embargo creemos que hacer realidad los principios éticos en una sociedad plural, no supone necesariamente identificar código moral y código penal. Y esto es especialmente claro en el caso del aborto”.
La despenalización o la situación del aborto en un nuevo concepto jurídico -no necesariamente un derecho- obliga a una búsqueda a conciencia de los términos en que ha de promulgarse una ley y –por supuesto, a mi entender- huyendo de cualquier frivolidad que suponga una degradación o infravaloración del hecho de abortar. Es el caso de las adolescentes, menores, o de la consideración de no comunicación del hecho a los padres que son aquellos que tienen la patria potestad en problemas de responsabilidad del o la menor.
El resto de esta reflexión es la trascripción literal del final de la declaración, que considero la más exigente de las propuestas para toda la sociedad y para los que tienen la responsabilidad de legislar, y no sólo en este terreno, sino también en el ámbito de la educación.
“Es necesario desarrollar políticas de investigación y prevención que orienten hacia una sexualidad responsable. La prevención debe hacer frente a la banalización de la sexualidad. También son necesarias políticas educativas, que deben hablar de la sexualidad como placer, pero también como vínculo afectivo; como respeto a la alteridad y dignidad del otro y como control de las propias pulsiones. Y debe avanzarse en el desarrollo de una real protección social de la maternidad.
En definitiva, la cifra de 112.000 abortos en sólo un año (2007) es un elocuente signo de fracaso colectivo. Estamos a tiempo de aprovechar esta reforma para emprender con decisión el impulso de políticas públicas para la reducción de los embarazos no queridos que conducen al aborto”. (v.El País, 18 de octubre, pág. 38)
21 de octubre de 2009.